El Gobierno colombiano anunció la prohibición absoluta de exportar carbón a Israel. La medida, que entra en vigencia de manera inmediata, quedó establecida en el Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025.
El documento fue firmado por el presidente Gustavo Petro, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea.
El Ejecutivo explicó que la decisión busca impedir que los recursos naturales de Colombia contribuyan a la maquinaria de guerra israelí en la Franja de Gaza. La prohibición se mantendrá mientras continúe el genocidio contra el pueblo palestino o hasta que se cumplan las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.
Según cifras citadas en el decreto, desde el 18 de marzo de 2025 Israel intensificó su ofensiva militar en Gaza. En solo tres meses fueron desplazados 680.000 palestinos, 5.334 fueron asesinados y 17.839 resultaron heridos.
El texto agrega que, entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos murieron y 129.880 quedaron heridos por las acciones bélicas israelíes. Además, se reporta un incremento en las muertes de personas que intentan acceder a suministros humanitarios.
Para el Gobierno del Cambio, cortar la exportación de carbón es una medida concreta de prevención del genocidio. Petro fue enfático al afirmar que la orden es clara: “Ni una tonelada más de carbón de Colombia a Israel”.
El decreto se apoya en tres pilares principales. El primero es el respeto a las normas del derecho internacional. Colombia, como firmante de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, debe actuar para impedir que se repitan violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
El segundo pilar es la protección de los derechos humanos y de la población civil. El documento resalta que la vida y la dignidad humana están por encima de cualquier interés económico, con especial énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El tercer fundamento es la coherencia internacional. Desde octubre de 2024, Colombia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027. Esta posición implica, según el Gobierno, actuar en sintonía con los principios multilaterales y fortalecer el sistema internacional de protección.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que la medida responde a un “análisis exhaustivo” y que busca impedir que el carbón colombiano se utilice para actividades militares que violan los derechos fundamentales de la población en Gaza.
El Gobierno también resaltó que la decisión se ajusta a los compromisos comerciales internacionales. La Organización Mundial del Comercio permite excepciones en situaciones de guerra o de grave tensión internacional, así como medidas orientadas a proteger la moral pública.
Para Colombia, el genocidio contra el pueblo palestino constituye un crimen de lesa humanidad que justifica la restricción. En consecuencia, la prohibición también se enmarca dentro del Acuerdo Comercial con Israel, que contempla las mismas excepciones aplicadas en la OMC.
La medida tuvo un proceso previo de socialización. Entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 2025, el proyecto de decreto fue publicado y sometido a consulta pública. Durante ese periodo se recibieron observaciones de diferentes sectores que fueron consideradas para su versión final.
Con esta decisión, el Gobierno colombiano envía un mensaje contundente a la comunidad internacional. La política exterior del país prioriza la defensa de los derechos humanos y la prevención del genocidio por encima de los beneficios económicos derivados de la venta de carbón.
La prohibición continuará hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron su expedición. Para el Ejecutivo, se trata de un paso histórico que refleja la coherencia entre los compromisos internacionales de Colombia y sus acciones concretas.
En palabras del presidente Petro, la decisión significa que Colombia no permitirá que sus recursos naturales sean usados para alimentar la guerra en Gaza. El Gobierno asegura que con este decreto el país se alinea con las normas internacionales y reafirma su papel como actor responsable en la defensa de los derechos humanos.
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