La nueva norma establece una ruta clara de prevención, atención y reducción del acoso sexual, un problema que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. El objetivo es que el espacio público deje de ser un lugar de miedo o exclusión.
Entre las acciones previstas, la Administración Distrital deberá poner en marcha una estrategia integral, que incluye programas pedagógicos y comunitarios con enfoque reparador, campañas de sensibilización, actividades culturales y formación en género para funcionarios públicos.
También se capacitará al personal del transporte y de la construcción, sectores clave para garantizar una respuesta efectiva frente a este tipo de violencia. Además, se implementará señalización en puntos estratégicos y mejoras en los sistemas de información para facilitar la denuncia y el seguimiento de los casos.
Sánchez insistió en que este avance no es solo normativo, sino un paso concreto hacia una ciudad más justa: “Es la materialización de nuestro compromiso con la vida y la dignidad de las mujeres y diversidades en Bogotá”.
La concejala también instó a la Alcaldía a impulsar con urgencia la modificación del Código de Policía, para que los casos de acoso sexual estén expresamente tipificados y se garantice una respuesta institucional oportuna y efectiva.
Aunque aún falta la sanción del alcalde y su implementación práctica, el acuerdo aprobado refleja una demanda social creciente: que habitar la ciudad no implique vivir con miedo. La expectativa ahora está en que la ejecución sea ágil y contundente.
Con este paso, Bogotá se suma a las ciudades que entienden que la seguridad urbana no solo se mide en cifras de criminalidad, sino también en la libertad de transitar sin violencia o intimidación.
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