Una denuncia pública de la concejal Heidy Sánchez ha puesto en el centro del debate el manejo de los recursos públicos en Bogotá. Según la cabildante, la administración distrital habría condonado una multa de más de $6.405 millones al consorcio encargado del deprimido de la calle 72, a pesar de los incumplimientos contractuales reiterados y los significativos retrasos en la entrega de la obra.
La sanción se había establecido por incumplimientos en los plazos pactados para la entrega del proyecto, que debía finalizar en enero de 2023 pero que solo fue recibido oficialmente en mayo de 2025. Sin embargo, la Alcaldía habría decidido archivar el cobro de la multa, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el rigor en la ejecución de sanciones y el uso responsable de los recursos públicos.
La concejal Sánchez, de la Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica, ha exigido explicaciones claras y documentación que respalde la decisión. Señala que no hay transparencia en el proceso que llevó a desistir del cobro y advierte que se trata de una decisión que podría constituir detrimento patrimonial.
“Más de seis mil millones de pesos se están dejando de cobrar a un contratista que incumplió. Eso es premiar la ineficiencia y enviar un mensaje nefasto sobre cómo se gobierna en Bogotá”, afirmó la concejal, quien radicó una solicitud formal de acceso a los informes técnicos, actas de interventoría y fundamentos jurídicos de la decisión.
En respuesta, voceros de la administración señalaron que sí se aplicó una sanción parcial por alrededor de $1.280 millones, correspondiente a los primeros días de retraso. Sin embargo, indicaron que luego se certificó la terminación de la obra, y con ello, según los criterios técnicos y contractuales, no se hizo exigible la totalidad de la multa inicial. La decisión fue tomada tras la presentación de recursos por parte del contratista y revisiones internas del contrato.
Este hecho ha provocado reacciones desde distintos sectores del Concejo de Bogotá, donde se considera que la medida sienta un precedente negativo. Se está estudiando convocar un debate de control político para revisar el tratamiento de sanciones en obras públicas y reforzar los mecanismos de exigibilidad.
La obra del deprimido de la calle 72, fundamental para la conectividad con la primera línea del metro, ha sido objeto de controversias desde su inicio, debido a los cierres prolongados, afectaciones comerciales, y sobrecostos operativos. La decisión de perdonar una multa millonaria, sin mayor explicación pública, reaviva las críticas a la gestión de los grandes proyectos de infraestructura en la ciudad.
Además del componente económico, lo que está en juego es la confianza ciudadana en el manejo de la contratación pública. La concejal Sánchez insiste en que no se puede permitir que contratistas incumplan sin consecuencias reales, y menos cuando los costos de esas fallas los terminan asumiendo los bogotanos.
Desde su curul, la cabildante ha pedido a la Contraloría Distrital y a la Procuraduría que intervengan, para determinar si la condonación se ajustó a la ley y si hubo una pérdida real para el erario. También solicitó que se revisen otros contratos de gran envergadura, para verificar si existen más casos en los que el Distrito haya optado por el perdón de multas en lugar del cobro.
Mientras tanto, el caso sigue generando tensión y expectativa. Las respuestas oficiales aún no han sido del todo satisfactorias, y el debate sobre el uso responsable de los recursos públicos seguirá marcando la agenda en el Concejo de Bogotá en las próximas semanas.
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