La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, perteneciente al partido Unión Patriótica (coalición Pacto Histórico) y en firme oposición al gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, llevó a cabo un nuevo debate de control político sobre el estado actual de la política social en la capital. En su intervención, Sánchez denunció un preocupante viraje neoliberal en la Administración Distrital, el cual estaría priorizando alianzas con el sector privado y la cooperación internacional por encima del fortalecimiento institucional de entidades públicas, especialmente de la Secretaría de Integración Social.
Desde el inicio del gobierno de Galán, argumentó Sánchez, se ha venido consolidando una orientación que debilita la capacidad pública para garantizar derechos fundamentales, afectando directamente a las poblaciones más vulnerables de Bogotá. Entre las críticas más fuertes expuestas por la concejala está el nuevo enfoque del programa Ingreso Mínimo Garantizado, que ahora excluye a personas en situación de pobreza moderada por la imposición de nuevas condicionalidades. Esto significa que muchas familias que anteriormente accedían a estas ayudas económicas ya no podrán hacerlo, aumentando su riesgo de caer en pobreza extrema.
Otra de las decisiones cuestionadas por Sánchez fue la asignación de más de $85.000 millones del presupuesto 2025 a TransMilenio para la financiación de pasajes gratuitos. Aunque esta medida ha sido presentada como un alivio económico, la concejala la califica como insuficiente y desconectada de las verdaderas necesidades sociales, en especial para la población con discapacidad y en condiciones de alta vulnerabilidad que requieren mucho más que subsidios de transporte.
Además, los nuevos criterios de focalización de los Comedores Comunitarios han dejado por fuera a más de 5.433 personas vulnerables, lo cual representa un retroceso en la garantía del derecho a la alimentación. A esto se suma una preocupante reducción del personal psicosocial en estos espacios, que pasaron de contar con 109 profesionales a solo 10, lo que ha limitado severamente la atención emocional y social de sus beneficiarios.
La situación en los jardines infantiles del Distrito también fue objeto de denuncia. Según cifras presentadas por la concejala Sánchez, solo hay 199 trabajadores de planta, mientras que se suscribieron 1.732 contratos por prestación de servicios (OPS) durante el año. Esta precariedad laboral genera una alta rotación e intermitencia en la prestación del servicio, afectando la calidad del cuidado y la educación de la primera infancia en Bogotá.
Sánchez criticó con contundencia lo que considera una "tecnocratización" de la política social, donde lo que predomina son las cifras, metas y contratos, en lugar de una mirada integral y garantista de derechos. Para ella, el gobierno distrital ha convertido la política social en una estrategia de impacto mediático, sin abordar estructuralmente la pobreza ni garantizar acceso efectivo a derechos como la alimentación, el cuidado infantil y la salud emocional.
La concejala hizo un llamado a la ciudadanía, al Concejo y a los organismos de control a revisar profundamente el rumbo de la política social en Bogotá. Según advirtió, de mantenerse esta línea, se estaría configurando un escenario de exclusión sistemática y violencia institucional, donde los más pobres y marginados son los primeros en ser sacrificados bajo la lógica de la eficiencia presupuestal y la tercerización de servicios públicos.
Este debate refuerza la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre la forma en que se ejecutan los recursos públicos y cómo se diseñan las políticas sociales en las grandes ciudades. En palabras de Sánchez, "no se trata solo de focalizar recursos escasos, sino de garantizar derechos para todos, en especial para quienes más lo necesitan".
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