La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira encendió la polémica al anunciar una demanda de nulidad contra el reciente Acuerdo sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, que ordena señalizar de forma visible las zonas donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas. Para Ribadeneira, la medida no solo es ilegal, sino que representa un retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y política de drogas.
“Este Acuerdo es inconstitucional, ilegal y populista. Le da la espalda a la evidencia científica y al mandato de la Corte Constitucional. Llenar la ciudad de letreros no salva a nadie, pero sí estigmatiza, persigue y empuja aún más a los consumidores a la marginalidad”, aseguró la cabildante.
Una norma sin sustento legal
Uno de los argumentos centrales de la demanda que interpondrá Ribadeneira es que el Acuerdo se fundamenta en el Decreto Distrital 825 de 2019, el cual a su vez se apoya en un decreto nacional que fue derogado en 2023. Es decir, la norma que justifica la política distrital ya no existe. “Estamos ante un acto administrativo sin piso legal. Es como construir una casa sobre ruinas. Jurídicamente, es insostenible”, afirmó.
Va en contra de la Corte Constitucional
Pero más grave aún, según Ribadeneira, es que el Acuerdo va en contravía de lo ordenado por la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, que obliga al Distrito a regular el uso del espacio público con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación. La concejala advirtió que, si se implementa como está planteado, podría terminar señalizando más del 95% de Bogotá como zona prohibida, sin que se haya expedido el decreto reglamentario exigido por la Corte.
“El alcalde Galán está usando el papel para esconder un problema que requiere cabeza, corazón y evidencia. Este no es un debate moral. Es un asunto de salud pública y derechos”, sentenció.
Una medida que estigmatiza y desplaza el problema
La concejala también alertó que esta medida tiene un alto componente populista y estigmatizante. “Lo que hace es reforzar la idea de que las personas que consumen son delincuentes o amenazas para la ciudad. Eso es falso y peligroso”, dijo. Además, explicó que al llenar la ciudad de señalizaciones, lo que ocurrirá será un desplazamiento del consumo hacia zonas más invisibilizadas, peligrosas y sin ningún tipo de atención o acompañamiento institucional.
Prohibir no es regular
“Hay que ofrecerle a la ciudadanía medidas reales que vayan más allá del papel. Llenar la ciudad de letreros no resuelve el problema de fondo. Es urgente cambiar el enfoque: en lugar de centrarse en prohibir, debemos avanzar hacia una regulación que contemple espacios seguros donde el consumo sea posible y controlado”, sostuvo Ribadeneira, quien insiste en que regular no es ignorar el problema, es enfrentarlo con responsabilidad y respeto por los derechos.
Llamado a la acción colectiva
Finalmente, la concejala hizo un llamado a las organizaciones sociales, académicas, jurídicas y a congresistas que han defendido una política de drogas moderna y basada en evidencia, para que se sumen a esta acción jurídica y política. “No podemos permitir que la política antidrogas en Bogotá se base en el miedo, la moralina y la persecución. Debe construirse con ciencia, derechos humanos y sentido común”, concluyó.
La demanda será interpuesta en los próximos días, mientras el debate se calienta en redes sociales y en el Concejo de Bogotá. ¿Es esta la política de drogas que necesita la capital, o solo otro acto simbólico que agrava la exclusión?
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