La Cámara de Representantes dio luz verde en primer debate al proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en violencias basadas en género para servidores públicos, contratistas del Estado y particulares con funciones públicas.
La iniciativa, conocida como “Ley de Atención sin Revictimización”, fue aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima. Su autoría corresponde a los congresistas Catherine Juvinao y Juan Carlos Wills, y la ponencia estuvo a cargo de la representante Alexandra Vásquez, quien destacó el respaldo político al proyecto.
“Este proyecto recoge el dolor y la experiencia de muchas mujeres víctimas, especialmente de violencia intrafamiliar, que han sido revictimizadas por las instituciones encargadas de protegerlas”, afirmó Vásquez.
La representante señaló cifras preocupantes: una de cada tres mujeres víctimas de feminicidio había solicitado protección previa, y solo el 18% de los jueces de familia están capacitados en enfoque de género. Además, muchas entidades públicas no cuentan con áreas especializadas ni equipos interdisciplinarios adecuados para atender a mujeres víctimas.
El proyecto propone jornadas periódicas de formación dirigidas a fortalecer las capacidades de atención integral. Estas capacitaciones estarán orientadas a promover actitudes, habilidades y conocimientos para prevenir la revictimización institucional y garantizar una atención digna y efectiva.
Los procesos formativos estarán a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, o la entidad que cumpla sus funciones. Esta instancia diseñará los contenidos y metodologías de las capacitaciones.
Cada entidad pública deberá remitir un informe anual al Ministerio, y este consolidará la información y la publicará en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE).
Además, se establecen mecanismos de cumplimiento: los funcionarios que incumplan estarán sujetos a sanciones disciplinarias, conforme a la Ley 1952 de 2019. Los contratistas también estarán obligados mediante cláusulas específicas en sus contratos.
“La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento al cumplimiento efectivo de estas capacitaciones por parte de todas las entidades públicas”, concluyó Vásquez.
La propuesta representa un paso clave hacia la institucionalización del enfoque de género en el Estado colombiano. Además de fortalecer la atención, busca erradicar las prácticas que perpetúan el ciclo de violencia desde el sistema mismo.
El debate continúa ahora en la plenaria, donde se espera una aprobación amplia que permita que esta ley comience a transformar la manera en que el Estado responde a las violencias de género.
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