La reciente captura de Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', ha generado un intenso debate en el país. La influenciadora fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019. Mientras algunos defienden la decisión judicial, otros la consideran desproporcionada en comparación con casos de corrupción y crímenes más graves.
El representante Miguel Polo Polo, conocido por su postura de derecha, criticó la falta de consecuencias para otras figuras políticas y judiciales. “Es impresionante que Gustavo Bolívar, quien financió la Primera Línea (grupo terrorista que quemó CAIs, atacó policías, asesinó bebés en los bloqueos y degolló a un joven ingeniero en Las Américas), esté libre y en un alto cargo público puesto por Petro, mientras ‘Epa Colombia’, que es un peón en el eslabón, vaya presa. Si se castiga a los embaucados, que también castiguen a los embaucadores. ¡Indignante!”, expresó.
Desde una perspectiva diferente, la representante Alexandra Vásquez consideró que Barrera debe asumir las consecuencias de sus actos, pero cuestionó la falta de equidad en el sistema judicial. “Si bien ‘Epa Colombia’ debe pagar y asumir el error de haber vandalizado TransMilenio, me parece que su condena es desproporcionada, y más en un país donde personajes como Enrique Vives (con responsabilidad de seis muertes), Andrés Escobar, Emilio Tapia y violentadores de mujeres reciben beneficios judiciales”, argumentó.
Por su parte, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila comparó la situación de Barrera con la impunidad de otros actores políticos y criminales. Cuestionó que mientras ella es enviada a prisión, excomandantes de las Farc, paramilitares y políticos corruptos reciben beneficios y continúan en libertad. Para Dávila, el sistema judicial castiga con más dureza a unos que a otros, lo que genera indignación en la ciudadanía.
Un debate sobre la justicia en Colombia
El caso de ‘Epa Colombia’ ha revivido el debate sobre la proporcionalidad de las penas en el país y la percepción de impunidad en delitos de alto impacto. Mientras unos consideran justa su condena como parte del cumplimiento de la ley, otros ven en su caso una muestra de que el sistema judicial castiga con mayor dureza a ciertos sectores mientras deja impunes crímenes más graves.
Este episodio, sin duda, seguirá dando de qué hablar en el panorama político y judicial de Colombia.
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