Las irregularidades habrían alcanzado una cifra cercana a los 79.511 millones de pesos, según la ADRES.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por presunta estafa y falsedad en la prestación de servicios médicos. Estas IPS, a pesar de contar con registro de habilitación, no tenían infraestructura física para ofrecer los servicios por los que facturaban.
El caso fue revelado por Félix León Martínez, director general de la ADRES, quien el pasado 24 de febrero presentó la denuncia formal. Esta situación pone en evidencia graves fallas en la vigilancia y control del sistema de salud colombiano, además de la posible apropiación ilegal de recursos públicos destinados a la atención sanitaria.
Millonarias irregularidades detectadas
La ADRES detectó anomalías a partir de auditorías realizadas desde 2023, las cuales revelaron que estas IPS radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos sin contar con la infraestructura necesaria. El 12 de septiembre de 2024, la entidad ordenó suspender los pagos a 52 IPS, solicitándoles demostrar su capacidad física para prestar servicios de salud.
Del total de IPS notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición, lo que dejó en firme la suspensión de sus pagos. Otras diez presentaron el recurso, pero este fue resuelto de manera desfavorable. Tres más están en proceso de notificación, mientras que solo a nueve se les resolvió favorablemente la situación y cuatro continúan en estudio.
Las IPS implicadas operaban principalmente en la región Caribe, con presencia en 28 municipios del Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.
Fraude relacionado con accidentes de tránsito
Uno de los principales hallazgos que encendió las alarmas en la ADRES fue el incremento desproporcionado de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos supuestamente prestados a víctimas de accidentes de tránsito. En muchos casos, se trataba de vehículos sin SOAT o “fantasmas”, lo que levantó sospechas sobre la veracidad de los casos reportados.
Para detectar estas irregularidades, la ADRES implementó controles tecnológicos e informáticos avanzados, capaces de identificar anomalías en las tendencias de facturación. También contrató tres firmas auditoras externas en 2024, además de contar con un equipo interno de auditoría concurrente, que realizó visitas en terreno para verificar la infraestructura de las IPS.
Recursos de la salud en riesgo
El monto total de la presunta estafa asciende a 79.511 millones de pesos, recursos que estaban destinados a la atención de pacientes y la prestación de servicios esenciales en el sistema de salud. Según la ADRES, los controles implementados evitaron que estos fondos fueran apropiados ilegalmente.
La denuncia presentada ante la Fiscalía busca que se investigue a fondo la situación y se establezcan las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la ADRES continúa reforzando sus mecanismos de auditoría y control para proteger los recursos del sistema de salud y garantizar una prestación de servicios eficiente y transparente.
Este caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de una mayor vigilancia en el sector salud y la adopción de herramientas tecnológicas que permitan detectar irregularidades de manera oportuna, evitando así el desvío de recursos que deben estar destinados a la atención de los ciudadanos.
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