De acuerdo con los demandantes, el principio de consecutividad, consagrado en el artículo 157 de la Constitución Política, habría sido desconocido durante el proceso de aprobación de la reforma. Argumentan que la plenaria de la Cámara de Representantes no discutió ni analizó el contenido del articulado ni las proposiciones presentadas durante el debate legislativo, limitándose a aprobar el texto que previamente había sido avalado por el Senado. Según sus declaraciones, esta falta de discusión constituye una elusión del debate legislativo, requisito indispensable para garantizar la legitimidad de cualquier norma aprobada por el Congreso.
La demanda ha sido asignada al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tendrá la tarea de evaluar las posibles irregularidades en el trámite y determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la reforma pensional. Este proceso podría poner en jaque una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno de Petro, diseñada para reformar el sistema de pensiones en Colombia.
“Esta acción busca garantizar que el trámite legislativo respete los principios democráticos y constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. No podemos permitir que normas de esta magnitud se aprueben sin el debido debate en el Congreso,” afirmaron Marco Acosta y David Gerardo Cote al conocerse la decisión de la Corte de admitir la demanda.
La reforma pensional ha sido objeto de controversia desde su presentación, enfrentando críticas por su alcance, impacto en los recursos públicos y ahora por presuntas irregularidades en su trámite legislativo. Este nuevo capítulo en el debate jurídico pone en el centro de atención el respeto a los principios constitucionales en la labor legislativa y podría derivar en un importante precedente sobre cómo deben manejarse las reformas estructurales en Colombia.
El análisis de la Corte Constitucional será decisivo, ya que de encontrarse méritos en la demanda, podría anularse la reforma pensional, obligando al gobierno y al Congreso a reiniciar el proceso de discusión y aprobación bajo los parámetros establecidos por la Constitución. Por ahora, el trámite seguirá bajo la lupa del alto tribunal y de la opinión pública, mientras el país espera el desenlace de este nuevo desafío jurídico.
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