Una grave denuncia sacude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, reveló que la Asociación Parque Canadá, encargada de operar el Hogar Infantil Canadá Sede F —donde un trabajador habría abusado de varios niños—, no cumplía los requisitos para contratar con la entidad.
Pese a esto, en 2024 se le adjudicaron 13 contratos por más de $5.397 millones de pesos.
Según Pedraza, esta asociación se presentó a procesos de contratación a inicios de 2025, pero la Dirección Nacional de Primera Infancia del ICBF la declaró no habilitada. Aun así, continúa operando varios jardines infantiles en Bogotá.
“Si la Asociación Parque Canadá no cumple los requisitos, ¿por qué sigue contratando con el Estado? ¿Dónde está la política de prevención del ICBF frente al abuso infantil?”, cuestionó la congresista.
La situación es aún más preocupante al revisar los antecedentes de esta entidad. Desde 2015, la Asociación Parque Canadá ha recibido pliegos de cargos por tener comida vencida y condiciones sanitarias inadecuadas. Sin embargo, siguió recibiendo contratos públicos.
“¡La siguen premiando con contratos, exponiendo a nuestros niños y niñas!”, denunció Pedraza.
La asociación ha recibido más de 50 contratos desde 2017, y actualmente opera 10 jardines infantiles con recursos estatales. Uno de ellos es el Hogar Infantil Canadá Sede F, ubicado en el barrio Villa Javier, localidad de San Cristóbal, donde habrían ocurrido los abusos.
“La negligencia del ICBF raya en la complicidad. Es comprensible la rabia y frustración de las madres”, agregó la representante.
Otro problema estructural también salió a la luz: la falta de personal. Un estudio de cargas laborales hecho en 2023 reveló que el ICBF necesita cerca de 6.000 trabajadores adicionales para cumplir a cabalidad con sus funciones de vigilancia y control.
Con una planta sobrecargada, la supervisión de los operadores termina siendo deficiente, lo que podría explicar cómo entidades con irregularidades siguen administrando jardines infantiles.
Ante esta situación, Pedraza anunció que citará a un debate de control político al ICBF en el Congreso. El objetivo será establecer responsabilidades y exigir acciones contundentes para prevenir nuevos casos de abuso y proteger efectivamente a la niñez colombiana.
“No podemos permitir que la niñez esté en manos de operadores que no cumplen con lo mínimo. El Estado no puede mirar hacia otro lado”, concluyó.
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