En una jornada considerada emblemática para la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno nacional, este viernes se entregaron 1.919 hectáreas de tierra a familias campesinas del municipio de La Gloria, al sur del departamento del Cesar. El acto representa un avance concreto en la recuperación de tierras que fueron despojadas violentamente y simboliza un compromiso por la reparación de víctimas del conflicto armado y la redistribución justa de la propiedad rural.
La adjudicación fue posible gracias a la articulación entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidades que aceleraron las actuaciones administrativas para garantizar la escrituración del predio a nombre del Estado, blindando jurídicamente el proceso frente a intentos de reversión judicial.
El predio adjudicado, conocido como “La Gloria”, había sido objeto de una fuerte controversia legal. En febrero de 2025, la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio levantó la medida cautelar que pesaba sobre el terreno, lo que reabría la posibilidad de restituirlo a la familia de Luis Alberto Urrego Contreras, alias “Bacon”, solicitado en extradición por Estados Unidos en 2011 y condenado en 2014 a 15 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Frente a este riesgo, la SAE y la ANT actuaron con celeridad para evitar que el terreno fuera restituido a intereses criminales, consolidando su adjudicación definitiva a campesinos que han resistido décadas de violencia y exclusión. Esta acción no solo salvaguarda el patrimonio público, sino que fortalece la legitimidad de la Reforma Agraria y de los procesos de reparación integral a víctimas del conflicto.
El evento de entrega de tierras reunió a más de 2.500 campesinos del sur del Cesar, quienes presentaron un manifiesto político en respaldo a la Consulta Popular promovida por el presidente Gustavo Petro. El documento expresa el respaldo de las comunidades rurales a las transformaciones estructurales que busca implementar el Gobierno del Cambio.
Entre los asistentes se encontraron figuras clave del sector agrario, como la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz; y la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, quienes destacaron la importancia de esta entrega en el marco de una política de justicia social y territorial.
“La entrega de estas tierras no es solo una respuesta histórica a las víctimas del despojo, es también una apuesta por la soberanía alimentaria, la reactivación del campo y la garantía de los derechos campesinos”, señaló Felipe Harman durante su intervención.
La finca adjudicada será utilizada para proyectos productivos y agroecológicos definidos por las propias comunidades beneficiadas, en coordinación con las entidades del Estado encargadas del acompañamiento técnico y financiero.
Con esta entrega, el Gobierno suma un nuevo avance en el proceso de Reforma Agraria, que ha enfrentado resistencias legales, políticas y administrativas, pero que se sostiene como una política estructural orientada a resolver uno de los problemas históricos más profundos del país: el acceso inequitativo a la tierra.
Este caso, además, sienta un precedente sobre la forma en que el Estado puede defender el interés público y garantizar que los bienes incautados al narcotráfico cumplan una función social, especialmente cuando están en juego los derechos de comunidades históricamente marginadas.
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