La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, advirtió que el proceso de adquisición de la nueva flota eléctrica del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en lugar de beneficiar directamente a la ciudadanía, podría encarecerse debido a la participación de concesionarios privados. La alcaldía de Carlos Fernando Galán impulsa la compra de 269 vehículos eléctricos —112 biarticulados y 157 articulados— que operarán en los patios El Vínculo (Soacha) y Calle Sexta (Bogotá).
Según Heidy Sánchez, el Distrito insiste en adquirir estos buses a través de una concesión de provisión, lo cual encarece el proceso al incluir las ganancias del privado, en vez de hacerlo directamente desde TransMilenio, reduciendo costos y fortaleciendo el carácter público del sistema.
Retroceso ambiental disfrazado de avance
Sánchez también denunció que en el artículo 139 del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la administración actual modificó lo aprobado en el Acuerdo 790 de 2020, que prohibía la compra de buses con combustibles fósiles desde 2022. Ahora, dicha prohibición solo regirá desde 2028.
Este cambio revela, según la concejala, que el gobierno distrital no tenía como prioridad la electrificación del transporte, y que la decisión de adquirir flota 100% eléctrica no obedece a una convicción ambiental, sino a una estrategia económica para acceder a recursos nacionales, especialmente tras lo establecido en el artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.
Un modelo de transporte estructurado para beneficiar a privados
El 8 de noviembre de 2024, TransMilenio publicó el proyecto de pliego de condiciones del proceso TMSA-09-2024, para concesionar la provisión de la flota y la infraestructura de recarga. El proceso se encuentra en la etapa de atención a observaciones y los pliegos definitivos se publicarían el 6 de junio de 2025.
Para la concejala Sánchez, este esquema reproduce un modelo neoliberal que prioriza negocios privados con dinero público, y que va en contra del principio de eficiencia en el uso de los recursos. Además, critica que el concesionario —no el Distrito— termine siendo el dueño de la flota, cuando esta podría quedar en propiedad pública si TransMilenio asumiera la compra directamente.
Cofinanciación nacional: oportunidad para cambiar el modelo
Con la posibilidad de una cofinanciación por parte de la Nación, en la que el 62.5% de los recursos los pondría el gobierno nacional y el 37.5% el Distrito, la concejala sugiere que es momento de corregir el rumbo. El Distrito ya presentó la solicitud al Ministerio de Transporte, y desde noviembre de 2024 está en proceso de subsanar la documentación para obtener la aprobación.
Sánchez insiste en que se debe exigir que la adquisición sea 100% pública, tanto para reducir costos como para garantizar el carácter público del sistema de transporte. De concretarse, esta alternativa no solo sería más económica, sino también más eficiente ambientalmente, ya que los buses eléctricos tienen menores costos de operación y cero emisiones.
¿Quién paga en realidad?
Actualmente, el sistema se financia mediante el pasaje que pagan los usuarios y, ante los déficits, el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del Distrito. En este nuevo esquema, el Distrito evitaría aumentar su carga fiscal vía FET, usando recursos nacionales y comprometiendo vigencias futuras.
Sin embargo, como enfatiza Heidy Sánchez, todo el dinero sigue saliendo del bolsillo de los ciudadanos, ya sea en impuestos locales o nacionales. Por eso, reitera que el uso eficiente de los recursos públicos debe estar por encima del beneficio empresarial privado.
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