De los 109 monumentos intervenidos, 97 fueron vandalizados, cifra que representa un incremento de 37 casos frente a 2023. Esta fue la mayor inversión en recuperación patrimonial en cinco años, incluso por encima de 2021, año del “estallido social”, cuando se repararon 72 monumentos.
Para Diago, el deterioro del patrimonio en 2024 fue consecuencia directa de las políticas de la exalcaldesa Claudia López, a quien acusa de haber dejado la ciudad “a merced del vandalismo”. También criticó la falta de resultados de la actual administración encabezada por Carlos Fernando Galán, quien, según la concejal, no ha logrado contener la ola de destrucción en el centro de Bogotá.
“El vandalismo aumentó en 2024. La permisividad con los ‘pelados del corazón’ le salió cara a la ciudad. Los bogotanos pagaron con sus impuestos la falta de autoridad. Esto no puede seguir ocurriendo”, afirmó Diana Diago en rueda de prensa.
Los datos fueron entregados por el IDPC en respuesta a un derecho de petición enviado por la concejal. El informe evidenció que los actos vandálicos eran semanales y se concentraban en protestas, especialmente en las inmediaciones de la Universidad Nacional, cada jueves.
Frente a este panorama, Diago presentó un proyecto de acuerdo para sancionar a quienes vandalicen el patrimonio de la ciudad. La propuesta busca suspenderles subsidios, becas y beneficios estatales hasta que reparen económicamente el daño causado. Sin embargo, el proyecto fue bloqueado por las bancadas del Pacto Histórico y partidos de centro izquierda, que se opusieron a las sanciones propuestas.
“Una cosa es protestar, otra muy diferente es destruir. Bogotá necesita autoridad y consecuencias claras para quienes dañan lo que es de todos”, subrayó Diago.
Los monumentos más afectados durante 2024 estuvieron ubicados en el centro de la ciudad, donde se concentra el mayor número de bienes patrimoniales. Algunos fueron robados, otros gravemente dañados con pintura, fuego o destrucción de estructuras.
Diana Diago insistió en que el alcalde Galán debe tomar medidas más contundentes para proteger el espacio público, garantizar la seguridad ciudadana y preservar el patrimonio histórico de Bogotá.
La denuncia de la concejal pone sobre la mesa un debate urgente: ¿cómo proteger el patrimonio sin restringir la protesta? ¿Quién debe pagar por los daños? Mientras tanto, las cifras del 2024 reflejan una ciudad en lucha por mantener viva su memoria histórica en medio del desorden urbano.
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