Tres miembros activos de la Policía Nacional fueron capturados en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño por su presunta participación en un caso de tortura, secuestro y falsedad ideológica en documento público ocurrido en el municipio de Bolívar, el 3 de marzo de 2024.
Los uniformados implicados son el subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado. La Fiscalía General de la Nación los señala como responsables de retener y agredir físicamente de manera sistemática a un ciudadano, quien terminó en cuidados intensivos tras ser víctima de brutales golpizas.
Juez revocó decisión inicial y ordenó su detención
La detención se produjo luego de que un juez de circuito resolviera a favor del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra del fallo que inicialmente había dejado en libertad a los investigados.
Gracias a un trabajo coordinado entre agentes del CTI y la Sijín, los policías fueron capturados en Palmira (Valle) y Pasto (Nariño). Por orden judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel de la Policía ubicada en Facatativá (Cundinamarca).
Víctima estuvo más de 12 horas en poder de los policías
Según el expediente, el ciudadano fue retenido por los uniformados y trasladado a la Estación de Policía de Bolívar, donde permaneció por más de 12 horas sin justificación legal. Durante ese tiempo, fue sometido a agresiones físicas constantes, sin que mediara ningún procedimiento legal válido.
La víctima fue liberada en un estado crítico y debió ser trasladada al hospital local por sus familiares. Posteriormente, fue remitida a una unidad de cuidados intensivos, donde fue sometida a una cirugía de urgencia para extraerle el bazo, gravemente afectado por los golpes.
Registro manipulado para ocultar las agresiones
La Fiscalía también encontró pruebas de una posible falsedad ideológica en documento público. Los uniformados habrían alterado el libro de población de la Estación de Policía, registrando que la víctima había salido en buenas condiciones, lo cual fue contradicho por los informes médicos y los testimonios de los familiares.
Este intento de encubrimiento agravó la situación jurídica de los tres policías, quienes ahora enfrentan cargos por tortura agravada, secuestro simple y falsedad ideológica.
Fiscalía insiste en tolerancia cero contra abusos policiales
La decisión de revocar la libertad inicial y ordenar la captura de los uniformados es un mensaje claro del sistema judicial contra el abuso de autoridad y la violencia institucional.
“Ningún miembro de la fuerza pública puede estar por encima de la ley. Los derechos humanos no se negocian, se garantizan”, afirmó un vocero de la Fiscalía.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles internos en las instituciones policiales, así como de avanzar en mecanismos de prevención, transparencia y rendición de cuentas.
Un caso que pone a prueba la confianza ciudadana
La captura de los tres policías por un hecho tan grave como la tortura de un ciudadano en custodia reaviva el debate sobre la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional, y la urgencia de reformas estructurales para prevenir este tipo de violencias desde el poder institucional.
Se espera que el proceso avance en los próximos días ante la jurisdicción penal ordinaria. Por ahora, los uniformados permanecerán detenidos mientras avanza la investigación formal.
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