Chinácota fue epicentro de histórica delimitación del Páramo de Santurbán

La denuncia de Tania Acero por agresión sexual dentro del Congreso de la República ha dejado en evidencia el rotundo fracaso del protocolo para la prevención y atención de la violencia de género en la institución. A pesar de que la exfuncionaria siguió la ruta establecida y denunció ante la Fiscalía, su agresor, Juan Camilo Díaz, no solo sigue trabajando como fotógrafo oficial de la Cámara de Representantes, sino que su contrato fue renovado tras la denuncia.

El caso de Acero no es aislado. Varias funcionarias han decidido romper el silencio y denunciar públicamente el ambiente de impunidad que impera en el Congreso. Sin embargo, las denuncias chocan contra un muro de indiferencia institucional, donde las víctimas terminan siendo revictimizadas y obligadas a renunciar a sus trabajos, mientras los agresores continúan protegidos por un sistema que perpetúa la violencia y la impunidad.

El protocolo: un instrumento fallido

En 2022, el Congreso presentó con bombos y platillos un protocolo para prevenir y atender la violencia de género en el ámbito laboral y contractual de la institución. Sin embargo, en la práctica, este documento no garantiza ni justicia ni protección. Según el "Informe Final del Protocolo", hasta julio de 2023 se registraron nueve denuncias (siete de mujeres y dos de hombres), mientras que en 2024 solo se reportó un caso. Estas cifras subestiman la realidad, pues muchas funcionarias optan por no denunciar debido al miedo a represalias y la falta de garantías reales.

Tania Acero denunció su caso en diciembre de 2024. En respuesta, solo recibió una llamada y un correo electrónico sin instrucciones claras. No obtuvo apoyo psicológico ni garantías de protección. Finalmente, tuvo que renunciar, como muchas otras mujeres, ante la imposibilidad de seguir compartiendo su espacio laboral con su agresor.

Organizaciones feministas retiraron su apoyo al protocolo

Durante la elaboración del protocolo, diversas organizaciones feministas fueron convocadas para contribuir con su experiencia. Sin embargo, sus recomendaciones fueron ignoradas, lo que generó un quiebre con el Congreso. Grupos como La Casa de la Mujer, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Extituto de Política Abierta y Caribe Afirmativo, entre otros, pidieron que sus nombres fueran retirados de la autoría del documento. Para estas organizaciones, el protocolo es una herramienta inservible que en lugar de proteger a las víctimas, perpetúa la desprotección.

Respuestas vacías y sin soluciones concretas

Las funcionarias denunciantes enviaron un derecho de petición a la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión de la Mujer, con 11 preguntas sobre el funcionamiento del protocolo. Las respuestas fueron dispersas y superfluas, emitidas por diferentes instancias administrativas del Congreso, sin ninguna solución concreta.

El Congreso presume de haber realizado "27 jornadas de sensibilización en el Senado y 15 en la Cámara", con un total de 844 asistentes, además de una campaña institucional con carteles y stickers. Sin embargo, no existen indicadores que midan el impacto real de estas acciones. En la práctica, las capacitaciones no han cambiado la cultura institucional ni han obligado a los congresistas a formarse en violencia de género.

Congreso: un espacio hostil para las mujeres

El Congreso de la República sigue siendo un entorno profundamente patriarcal donde la impunidad es la norma. Aunque se habla de equidad de género y se implementan estrategias en el papel, los hechos demuestran que no hay garantías reales para las víctimas de acoso y violencia sexual.

Los testimonios de Acero y otras cinco funcionarias revelan una cultura de protección a los agresores y una ausencia de mecanismos efectivos de investigación y sanción. Las denuncias se pierden en trámites burocráticos y silencios institucionales, mientras las víctimas quedan sin respaldo ni justicia.

las mujeres aseguran que el Congreso no puede seguir siendo un refugio para agresores sexuales. Las mujeres que trabajan en esta institución tienen derecho a un entorno seguro y libre de violencia. Es urgente que se reforme el protocolo de atención, se implementen mecanismos de investigación independientes y se sancione a quienes encubren la violencia.

"Las víctimas no pueden seguir siendo silenciadas por un sistema que protege a los agresores. El tiempo de las excusas ha terminado: es momento de transformar los discursos en acciones concretas", concluyeron.