Jennifer Pedraza denuncia a Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, ante la Procuraduría por presionar funcionarios en contratación del buque hospital para el Amazonas.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza radicó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente Delegada para Prestadores del Servicio de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La congresista alega que Gómez Consuegra incurrió en presuntas faltas graves al Código General Disciplinario al presionar de manera indebida a funcionarios públicos para concretar la compra de un buque hospital destinado al departamento del Amazonas.
La denuncia se fundamenta en las revelaciones del periodista Daniel Coronell, publicadas el pasado fin de semana en la revista Cambio. Según Coronell, existen grabaciones en las que Gómez Consuegra habría presionado al abogado de la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, Mario Castro, para que se firmara un contrato sin que estuvieran cumplidos los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por ley.
“No tenía la facultad para intervenir”
Pedraza asegura que la funcionaria se extralimitó en sus funciones, ya que según el artículo 25 del Decreto 1080 de 2021, ninguna de las competencias del cargo que ocupa le permite intervenir en procesos contractuales entre el Ministerio de Salud y entidades como la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia.
“La señora Gómez Consuegra no tenía la facultad para decidir sobre la conveniencia de esta contratación ni mucho menos para presionar a un abogado a incumplir sus deberes legales”, aseguró Pedraza.
La congresista señala que en las grabaciones, la superintendente levanta la voz al abogado Castro, lo descalifica profesionalmente y lo intimida, incluso mencionando posibles consecuencias laborales si no accede a sus exigencias. En ese sentido, Pedraza advierte que los hechos podrían constituir violencia verbal y psicológica contra el funcionario.
Presiones con el poder del Estado
En la denuncia presentada ante la Procuraduría se expone que la superintendente utilizó su poder institucional, así como el vínculo con su esposo, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y menciona incluso al presidente Gustavo Petro, para reforzar su presión sobre el abogado.
“Se utiliza el nombre del Ministerio de Salud y el del presidente de la República como argumento de autoridad para forzar una contratación exprés. Esto vulnera principios básicos del servicio público y del debido proceso contractual”, se lee en el documento.
¿Retaliación por no firmar?
Un elemento clave que plantea Pedraza es que pocos días después de la llamada en la que se registra la presión indebida, fue retirada del cargo Lina Caterin Baracaldo Moreno, quien se desempeñaba como agente interventora del hospital de Leticia. La representante pide que se investigue si dicha decisión está relacionada con una retaliación por no haber ejecutado el contrato como exigía Gómez Consuegra.
Contexto: lo revelado por Daniel Coronell
Daniel Coronell, en su columna en Cambio, reveló fragmentos de las grabaciones en las que se escucha a Gómez Consuegra alzando la voz contra el abogado Castro. Según Coronell, este tipo de comportamiento no solo constituye una extralimitación funcional, sino un grave conflicto de intereses, ya que la funcionaria actúa en medio de una clara relación jerárquica con el Ministerio que lidera su esposo.
Además, Coronell destacó que el buque hospital –cuya compra aún no se concreta legalmente– estaba siendo gestionado de manera irregular, sin los estudios ni justificaciones necesarias. Todo esto en un contexto donde los recursos públicos deben protegerse con mayor rigor, especialmente en zonas vulnerables como el Amazonas.
Una alerta sobre el poder y la presión institucional
Con esta denuncia, Jennifer Pedraza busca que la Procuraduría actúe de inmediato e investigue a fondo la conducta de la superintendente Delegada, quien, de acuerdo con la congresista, habría violado los principios de legalidad, imparcialidad y moralidad administrativa.
“Estamos hablando de una funcionaria que usó su poder para violentar, presionar y vulnerar el debido proceso. No puede haber impunidad ni silencio frente a estos hechos”, concluyó Pedraza.
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