Petro cede ante Trump: vuelos de deportados y sanciones aceptadas tras crisis diplomática

El Gobierno de Gustavo Petro aceptó los términos impuestos por Estados Unidos tras una tensa crisis diplomática desatada por el endurecimiento de la política migratoria del expresidente Donald Trump. Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington, confirmó en una rueda de prensa que el país permitirá la llegada de vuelos con ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos, incluidos aquellos operados por aeronaves militares.

Esta decisión surge luego de que Trump advirtiera sobre la aplicación de severas sanciones económicas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que incluían tarifas arancelarias y restricciones al comercio bilateral. Aunque dichas sanciones quedaron suspendidas tras el acuerdo, se mantendrán las restricciones de visado y las inspecciones intensificadas por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta que llegue el primer vuelo de repatriados.

“El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos. Con base en este acuerdo, las sanciones se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con lo pactado”, señaló un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca. Trump celebró la medida como una victoria de su política migratoria y un mensaje al mundo sobre la defensa de la soberanía estadounidense.

Aunque el embajador Murillo destacó que “se mantendrán abiertos los canales diplomáticos para evitar un aislamiento internacional”, la decisión de aceptar los términos estadounidenses ha desatado un intenso debate interno en Colombia. 

Por su parte, la administración Petro enfrenta un doble desafío: contener las críticas internas mientras intenta mantener un equilibrio en la relación bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia. Sin embargo, este episodio podría marcar un punto de inflexión en la política exterior del Gobierno, cuestionada por su manejo ante una de las potencias más influyentes del mundo.


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